Un grupo de profesores de la Universitat de Barcelona, allá por 2011, tuvimos la idea de presentar al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, un proyecto I+D+I interdisciplinario para afrontar el fenómeno de la corrupción política - sin desdeñar la innovación que supuso el nuevo delito de la corrupción entre particulares- desde varias vertientes: jurídico-penal, jurídico-política, politológica y hasta económica.Nos interesaban los aspectos represivos, sancionadores de todo tipo, no solo criminales. Pero no en menor medida focalizamos nuestro proyecto en los aspectos preventivos. Para ello partimos del derecho al buen gobierno, a la transparencia y en la responsabilidad de los gestores públicos.Finalmente, la financiación del proyecto, denominadoEstrategias preventivas y reactivas contra la corrupción(DER 2011-28122), se nos concedió y durante cuatro años estudiamos desde las diversas perspectivas mencionadas el caleidoscopio de los temas entroncados con la corrupción. Una selección de las contribuciones que se presentaron en los diversos encuentros es lo que el lector tiene ahora entre manos.Hemos intentado que la presente muestra sea un reflejo equilibrado, a modo de resumen, de nuestros trabajos, que ahora nos aprestamos a ofrecer al público como un bloque unitario. Por ello pueden observarse aportaciones de la más diversa índole, como las relativas al buen gobierno y al rédito o no de la corrupción a la hora de los comicios, como las respuestas sobre prevención administrada y contable -su realidad e (in)eficiencia - o la compliance en el sector público, así como respuestas concretas en el marco del Derecho Penal.Esperamos que a los estudiosos de estos temas en cuyas manos caiga este libro perciban el esfuerzo, el interés y el entusiasmo que los que integramos este Grupo hemos desplegado.Igualmente deseamos fervientemente, que algunas de nuestras reflexiones sirvan para animar un debate sobre la lacra de la corrupción, que tanto daña el sistema democrático, tanto en la esfera de la credibilidad, como en la de las enormes pérdidas económicas, cifradas, aproximadamente, como mínimo para España, en 4% del PIB.Joan J. Queralt Catedrático de Derecho Penal Universitat de Barcelona