La cuestión de la crisis de los abusos sexuales impulsa a encarar renovadamente las instituciones y las prácticas jurídico-canónicas, instrumentos para tratar esta situación. La necesidad de colocar la dignidad de la persona en el centro de su respuesta plantea una serie de interrogantes como el papel de las víctimas en los procesos, el acceso a la información, la necesidad de brindar la confidencialidad a los sobrevivientes, así como la transparencia en los procesos.